Agencia PUBCO Atrae INE elección de Tamaulipas en materia de recursos y criterios:

INE/CG124/2019

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS 2018-2019 EN AGUASCALIENTES,
BAJA CALIFORNIA, DURANGO, TAMAULIPAS, QUINTANA ROO Y EN EL
PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA

G L O S A R I O

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consejeros INE Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral
DOF Diario Oficial de la Federación
IFE
INE Instituto Federal Electoral
Instituto Nacional Electoral
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGCS Ley General de Comunicación Social
OPL Organismo Público Local Electoral
Reglamento Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior Sala Superior del Tribunal electoral del Poder
Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. Desde el 2008 hasta 2018, el Instituto ha aprobado acuerdos aplicables para los Procesos Electorales Federales y locales, respectivamente, sobre propaganda gubernamental, programas sociales, imparcialidad en uso de recursos públicos, propaganda institucional y político electoral de servidores públicos.

En la siguiente tabla se indica el número de acuerdo, el nombre, el tema y el expediente en el que fue analizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de haber sido impugnado.

NO. ACUERDO
NOMBRE
TEMA IMPUGNACIÓN
INE/CG65/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES 2016-2017 Propaganda gubernamental NO IMPUGNADO
INE/CG78/2016 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016 ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE
CELEBREN EN 2016 NO IMPUGNADO
CG75/2012 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, SUP-RAP-54/2012,
SUP-RAP-56/2012 Y
SUP-RAP-58/2012,
SUP-RAP-82/2012 Y

NO. ACUERDO
NOMBRE
TEMA IMPUGNACIÓN
APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL
COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS
PROCESOS ELECTORALES
EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. SUP-RAP-84/2012,
ACUMULADOS
CONFIRMA
CG180/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS
SOBRE LA PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE
2011”, IDENTIFICADO CON LA CLAVE CG135/2011, CON MOTIVO DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL INSTITUTO FEDERAL
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. SUP-RAP-123/2011 Y
SUP-RAP-124/2011 ACUMULADO.
MODIFICA

CG179/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2011, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-102/2011. NO IMPUGNADO
CG135/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES LOCALES DE 2011. SUP-RAP-102/2011
REVOCA

Porque la campaña de comunicación social sobre los resultados del XIII Censo General de Población y
Vivienda realizado en dos mil diez, debía

NO. ACUERDO
NOMBRE
TEMA IMPUGNACIÓN
suspenderse y no considerarse como un caso de excepción.
CG155/2010 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL CG601/2009 DENOMINADO ‘ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS
SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES DE 2010 SUP-RAP-57/2010

CONFIRMA
CG601/2009 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE
2010. NO IMPUGNADO
CG126/2009 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO IMPUGNADO
CG40/2009 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO IMPUGNADO
INE/CG108/2017 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ACUERDO
INE/CG04/2017 POR EL QUE SE DETERMINÓ EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Uso de programas sociales NO IMPUGNADO

NO. ACUERDO
NOMBRE
TEMA IMPUGNACIÓN
PARA ESTABLECER MECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE
GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL USO
INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD, DURANTE LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 20162017 EN COAHUILA, ESTADO DE MÉXICO,
NAYARIT Y VERACRUZ
INE/CG04/2017 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE
GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL USO
INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD, DURANTE LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 20162017 EN COAHUILA, ESTADO DE MÉXICO,
NAYARIT Y VERACRUZ NO IMPUGNADO
INE/CG94/2016 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE
GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL USO
INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD, DURANTE LA ELECCIÓN DE SESENTA DIPUTADOS Y DIPUTADAS, PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO IMPUGNADO
INE/CG67/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE SOLICITA EL APOYO Y COLABORACIÓN DE QUIENES FUNGEN COMO TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, LOS EJECUTIVOS LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y JEFE DELEGACIONALES, PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES SE APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS DE OPERACIÓN, EVITANDO EN TODO MOMENTO, SU USO CON FINES ELECTORALES EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES
2014-2015. NO IMPUGNADO

NO. ACUERDO
NOMBRE
TEMA IMPUGNACIÓN
INE/CG66/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA
IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 449, PÁRRAFO 1, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON EL ARTICULO 134, PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Imparcialidad en uso de recursos públicos SUP-JDC-903/2015 Y
ACUMULADO SUP-
JDC-904/2015

SE CONFIRMA

CG193/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE
IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 347, PÁRRAFO 1, INCISO C) DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUP-RAP-147/2011

SE MODIFICA
CG39/2009 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE
IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 347, PÁRRAFO 1, INCISO C) DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUP-RAP-14/2009 Y
ACUMULADOS

SE CONFIRMA
CG92/2012 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE EMITEN NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-
2012 Actos anticipados de campaña SUP-RAP-68/2012 Y
ACUMULADO SUP-
RAP-70/2012

CONFIRMA Y
MODIFICA

CG38/2008 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN
MATERIA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y POLÍTICO ELECTORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. Propaganda
institucional y
político electoral de servidores públicos NO IMPUGNADO
INE/CG338/2017 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD Equidad en la contienda SUP-RAP-232/2017,
SUPRAP-356/2017,
SUP-RAP-357/2017,
NO. ACUERDO
NOMBRE
TEMA IMPUGNACIÓN
DE ATRACCIÓN, A EFECTO DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN
LA CONTIENDA ELECTORAL SUP-RAP358/2017, Y
SUP-RAP-381/2017,
ACUMULADOS

REVOCA
INE/CG398/2017 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA FIJAR LOS CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES 2017-2018 Imparcialidad en el uso de recursos
públicos y equidad en la contienda SUP-RAP-607/2017 Y
ACUMULADOS

REVOCA

II. El 11 de mayo de 2018, se publicó en el DOF la Ley General de Comunicación Social , la cual entro en vigor el 1o. de enero de 2019.

III. El primer domingo de junio de 2019 se celebrará la Jornada Electoral Ordinaria local en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para la renovación de los siguientes cargos de elección popular:

Entidad Cargos a elegir

Aguascalientes • Ayuntamientos
Baja California • Gubernatura
• Diputaciones
• Ayuntamientos
Durango • Ayuntamientos
Quintana Roo • Diputaciones
Tamaulipas • Diputaciones

IV. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG40/2019 por el que asumió totalmente la organización y realización del Proceso Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la persona titular del Ejecutivo Estatal, así como para renovación de los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma, a celebrarse el 2 de junio de 2019.

V. El 20 de marzo de 2019, por oficio PC/INE/058/2019, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, y la y los Consejeros Electorales, Lic. Pamela
San Martín Ríos y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Benito Nacif Hernández, solicitaron al Secretario Ejecutivo de este Instituto poner a consideración del Consejo General el ejercicio de la facultad de atracción, para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en el proceso local extraordinario de Puebla.

VI. En la misma fecha se admitió a trámite la solicitud y se instruyó al Secretario Ejecutivo someter el asunto a consideración del Consejo General, para hacerlo expedito con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de Elecciones.

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Naturaleza de la presente Resolución

En la Base V del artículo 41 de la CPEUM, así como en los artículos 29 y 31, párrafo 1, de la LGIPE se establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y que esta función habrá de regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Las máximas autoridades en materia electoral han señalado que el principio de certeza en esta materia consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los participantes en el Proceso Electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas , por lo que dicho principio se traduce en que la preparación, realización y calificación de las elecciones deben revestir de todas las garantías necesarias a fin de generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales, para que no queden vacíos interpretativos y dudas, a efecto de que, finalmente, los votos emitidos produzcan un resultado convincente.

En este contexto, dado que, este Instituto tiene encomendada la organización de las elecciones, es necesario establecer parámetros que permitan a los actores políticos que concurren a participar en la contienda electoral contar con reglas y principios claros que delimiten su actuar.

Solo actuando de esta forma, las autoridades electorales podemos generar el pleno convencimiento de las fuerzas políticas y la ciudadanía, en la fidelidad y veracidad de los resultados del Proceso Electoral, sembrando así un ambiente de confianza en todos quienes participan dentro de los comicios.

En razón de lo anterior, se emite la presente Resolución, para evitar que queden vacíos interpretativos y dudas respecto a los criterios tendientes a garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad de la contienda, con fundamento en la atribución que el artículo 5 de la LGIPE le concede a este Instituto para aplicar e interpretar la Ley electoral.

II. Competencia.

Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de atracción que sean sometidas a su consideración, así como para dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que se establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior de Dirección del INE, ente rector del Sistema Nacional Electoral, garantizar que las contiendas electorales se celebren bajo los principios de equidad e imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos y preceptos siguientes:

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE, y de los OPL, en los términos que establece la misma.

El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Dichos principios también son rectores para la función electoral a cargo de las autoridades electorales locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la CPEUM.

En ese sentido, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de las atribuciones de las autoridades electorales administrativas a nivel federal y local, el artículo 4 de la LGIPE, en sus párrafos 1 y 2, establece que: i) el INE y los OPL en el ámbito de su competencia dispondrán de lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicha Ley y; ii) las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y dicha Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LGIPE, el INE se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia.

Por su parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g), de la LGIPE, indica que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, entre los cuales se encuentra el derecho a la observación electoral, y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

El artículo 35, párrafo 1, de ese ordenamiento establece que el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades de éste.

El artículo 44, párrafo 1, incisos aa), y jj), de la LGIPE señala que el Consejo General tiene entre sus atribuciones las relativas a: i) conocer las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Ley y; ii) dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones de conformidad con lo previsto en el artículo y la ley referida, así como en otra legislación aplicable.

Los artículos 35, fracción I; 36 fracción III, de la CPEUM y 7, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, prevén que constituye un derecho y una obligación de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares, en los términos que señale la Ley, siendo el voto, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Por su parte, el artículo 23, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada en fecha 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, obligatoria para nuestro país, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, al haberse adherido en fecha 24 de marzo de 1981, conforme publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de ese año, establece, entre otras cosas, que todos los ciudadanos deben de gozar del derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

En ese sentido, en el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución se establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

En el Apartado D de dicho precepto constitucional se establece la competencia el Instituto para conocer de los procedimientos expeditos sobre la vulneración de las disposiciones en la materia electoral.

En consonancia con dicha disposición constitucional, el artículo 209, primer párrafo de la LGIPE reitera la obligación de suspender la propaganda gubernamental, desde las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, en los medios de comunicación social, con las excepciones que expresamente señala la Constitución.

Por su parte, el artículo 134, párrafos 7º y 8º Constitucional prevé la obligación de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y exige que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Asimismo, el artículo 242, párrafo 5, de la LGIPE establece que para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que cumpla su difusión las siguientes condiciones:

1. Se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.
2. No exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
3. No tenga fines electorales, ni se realice dentro del periodo de campaña electoral.

Por otra parte, en el artículo 2 de la LGCS se señala que su objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

En términos del artículo 5, párrafo 1, incisos f) y g) de la LGCS, en el ejercicio del gasto público en materia de Comunicación Social, los Entes Públicos, entre otros, deberán observar los siguientes principios rectores: la objetividad e imparcialidad, que implica que la Comunicación Social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos; la institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social.

El artículo 8, párrafo 1, fracción IV de la LGCS entre otros, establece que las campañas de comunicación social deberán cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable.

En el artículo 9, de la LGCS señala que, no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos: I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14; II. Incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; III. Inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, y IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

El artículo 11, de la LGCS establece que, la Comunicación Social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio de comunicación. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y que en ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda o Comunicación Social.

En el artículo 14, de la LGCS se establece que, el informe anual de labores o gestión de los Servidores Públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

El artículo 21, de la LGCS dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación; en el caso de los Procesos Electorales
Locales, deberá suspenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación exclusivamente en la entidad federativa de que se trate.

Se exceptúan de lo anterior: I. Las campañas de información de las autoridades electorales; II. Las relativas a servicios educativos y de salud; III. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales.

En el artículo 44, párrafo 1, fracciones I y II de la LGCS establece como infracciones a dicho ordenamiento, de los Entes y Servidores Públicos, según sea el caso: I. Difundir Campañas de Comunicación Social violatorias de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley; y II. Exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los Servidores Públicos.

Por otra parte, el artículo 24 constitucional establece el derecho de todos los mexicanos de tener o adoptar la religión de su agrado, así como a participar en actos y ceremonias inherentes a la misma, en tanto no se contravenga la ley. En ese tenor, también establece una prohibición para toda persona de utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad, con fines políticos, de proselitismo y propaganda política.

Asimismo, el artículo 130 de la Carta Magna, que establece el principio de separación Estado – Iglesia, contiene en su inciso e) la prohibición expresa a los ministros de culto religioso, de realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.

De igual forma, el artículo 455, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE establece como una infracción atribuible a ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al cuto, en locales de uso público o en los medios de comunicación.

Por último, la propia Ley de Asociaciones Religiosas, prohíbe a los ministros de culto, en sus artículos 14 y 29, realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.

En este contexto, resulta pertinente clarificar que la coacción o inducción del voto, prohibida constitucionalmente, puede darse mediante múltiples conductas, no únicamente por los servidores públicos, sino también, entre otros sujetos, por los ministros de culto y asociaciones religiosas, afectándose en ese supuesto la libertad del voto, así como el principio rector de equidad en las contiendas electorales.

En este sentido, también el artículo 128 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, establece que quienes integren organizaciones ciudadanas deberán abstenerse de:

a) Participar en cualquier acto que genere presión, compra o coacción del voto al electorado, o que afecte la equidad en la contienda electoral;

b) Hacer pronunciamientos a favor o en contra de candidaturas o partidos políticos, o de sus posiciones, propuestas, Plataforma Electoral, programa legislativo o de gobierno, o bien, respecto de un tema de Consulta Popular.

Lo anterior aplica a partir del inicio y hasta la conclusión del Proceso Electoral correspondiente, independientemente del espacio y el tema que estén tratando;

c) Realizar cualquier actividad que altere la equidad en la contienda electoral;

d) Dar trato parcial e inequitativo a las distintas opciones políticas participantes en la contienda electoral, en las acciones o materiales de promoción del voto que empleen para darlas a conocer al electorado, y

e) Usar fotografías, nombres, siluetas, imágenes, lemas o frases, que puedan ser relacionadas de algún modo con los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, frentes, coaliciones y agrupaciones políticas nacionales vinculadas con partidos políticos, para inducir el voto a favor o en contra de alguna de éstas figuras, así como expresiones calumniosas.

Finalmente, el artículo 26 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral establece que la coordinación entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales tiene como propósito esencial concretar la actuación entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco constitucional y legal aplicable.

En aras de dar cumplimiento a lo previsto por los dispositivos normativos a que se ha hecho referencia, resulta necesario difundir y reforzar una serie de mecanismos para contribuir a evitar violaciones a los principios de equidad e imparcialidad; el uso indebido de recursos públicos; así como a la utilización de programas sociales y de sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidatura en particular.

A fin de lograr dichos objetivos, es pertinente reforzar la difusión de las premisas que se mencionan más adelante, mediante campañas de información orientadas a prevenir, sancionar y, en su caso, contribuir a erradicar dichas prácticas.

III. Facultad de Atracción.

La facultad de atracción se ejerce para fijar los criterios objeto del presente Acuerdo respecto de las cinco entidades con elección ordinaria.

No obstante, dichos criterios serán aplicables para la elección extraordinaria de Puebla toda vez que este Consejo ejerció la facultad de asunción total para la realización de dicha elección. Aunado a que tiene por objeto homogeneizar los mecanismos y alcances de la normatividad, como más adelante se detallará.

Acorde con la CPEUM y la LGIPE, el INE, además de las facultades propias que tiene respecto a la organización de elecciones federales y locales, cuenta con otra que le otorga potestad para conocer cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o, para sentar un criterio de interpretación, ello sin que exista una intromisión injustificada en la competencia originaria de éstos, ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas.

En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la CPEUM, así como el artículo 32, párrafo 2, inciso h), y 120, párrafo 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el INE podrá atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

La facultad de atracción implica el ejercicio de un medio de control excepcional con el que cuenta determinada autoridad para asumir asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria.

Bajo esta tesitura, el artículo 124, párrafo 3, de la LGIPE, establece que se considera una cuestión de trascendencia cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir en la posible afectación o alteración del desarrollo del Proceso Electoral o de los principios de la función electoral.

Ahora bien, el artículo 39, párrafo 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se entiende por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su implementación, cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los OPL, por su interés, importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso, sea necesario establecer un criterio interpretativo.

Por regla general, para su ejercicio se exigen ciertas cualidades, como son, que el asunto revista interés, importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo a fin de armonizar la aplicación de la ley.

En este orden, los artículos 40, párrafo 1, y 45, párrafo 2, del Reglamento, en relación con el diverso 124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las atribuciones especiales se determinará mediante las resoluciones que al efecto emita el Consejo General, las cuales deben estar debidamente fundadas y motivadas, salvo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud correspondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia.

Respecto a la facultad de atracción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 27/200, de rubro “FACULTAD DE
ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO”, ha señalado que los conceptos “interés o importancia” se utilizan como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo y reserva el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio estrictamente jurídico, derivado de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos en su interdependencia jurídica o procesal

Por su parte, al pronunciarse sobre la facultad de atracción y la procedencia de su ejercicio, la Sala Superior ha desprendido como características esenciales las siguientes:

• Es una medida excepcional, porque además de constituir una salvedad al régimen constitucional y legal de distribución de competencias, únicamente procede ejercerse en casos específicos y concretos;
• Es discrecional y no obligatoria;
• Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la importancia y la trascendencia del caso.

La misma Sala Superior estableció dos tipos de requisitos para que proceda el ejercicio de dicha facultad, a saber:

• Cualitativos. Consistentes en que el caso revista intrínsecamente importancia e interés superior, tanto jurídico como extrajurídico, y
• Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar trascendente o novedoso a tal grado que del mismo pueda desprenderse la fijación de criterios jurídicos para casos futuros y complejos.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló, que la facultad de atracción se concede al Consejo General respecto de las cuestiones competenciales que correspondan a los OPL, la cual solo puede ser ejercida cuando sea aprobado su ejercicio por ocho Consejeras o consejeros y cuando el asunto sea trascendente o resulte idóneo para establecer un criterio de interpretación.

En la especie, se estima que las previsiones y requisitos constitucionales para el ejercicio de dicha facultad de atracción se colman, toda vez que la emisión de la presente Resolución tiene un objeto constitucionalmente válido, en la medida en que fortalece a la certeza y seguridad jurídica de los actores políticos, la ciudadanía y autoridades electorales locales, sobre la aplicabilidad y vigencia de los principios constitucionales de imparcialidad y equidad de las contiendas electorales, partiendo de la premisa que el legislador federal ordinario por medio de las Leyes –en sentido formal y material– que en este instrumento se citan y armonizan con fines interpretativos y operativos, asentó las reglas aplicables y los procedimientos para llevar al cumplimiento de las disposiciones constitucionales que norman y garantizan la vigencia de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

En consecuencia, se estima que la reserva de Ley quedó cumplida y satisfecha por el legislador ordinario al emitir las Leyes que en esta resolución se citan, en tanto que su alcance interpretativo, armónico y operativo adquieren vigencia con la emisión de la presente Resolución, sin que de su lectura pueda advertirse la ampliación o restricción de los derechos y obligaciones sustancialmente contenidos en dichos ordenamientos jurídicos.

En este sentido, tampoco pasa desapercibido para este colegiado la decisión adoptada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al conocer del asunto identificado con el expediente SUP-RAP-
607/2017 y sus acumulados en su sesión plenaria, en la que la decisión mayoritaria determinó revocar la diversa resolución INE/CG398/2017, a partir de la consideración de que este Instituto había infringido el principio de reserva de Ley al invadir atribuciones legislativas federales y locales, al legislar sobre supuestos de propaganda gubernamental y establecer disposiciones orientadas a la tutela del principio de imparcialidad y equidad en el uso y destino de recursos públicos durante los procesos electorales.

Sin embargo, tales consideraciones a la fecha no devienen aplicables, toda vez que en aquel momento este Instituto emitió dicha resolución ante la imperiosa necesidad de prever un marco de actuación para el ejercicio de las atribuciones de los órganos electorales, ante la ausencia absoluta del marco legislativo y regulatorio del artículo 134 Constitucional, precisamente en materia de comunicación y propaganda gubernamental. No obstante, la supuesta violación al principio de reserva de Ley que en aquel momento resolvió el pleno de la Sala Superior, hoy se encuentra superada con la expedición de la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo de 2018, con lo que, se insiste, la reserva de Ley quedó cumplida y satisfecha por el legislador ordinario al emitir tal ordenamiento, siendo que este Instituto recoge y armoniza su contenido sustantivo con el resto de disposiciones legales vigentes, en aras de privilegiar la uniformidad, certeza y legalidad de su operatividad y vigencia.

a. Justificación de vía extraordinaria para el ejercicio de la facultad de atracción

En el Reglamento dispone dos vías para la sustanciación de los procedimientos especiales de atracción. Así, en los artículos 62 a 64 del Reglamento se establece, una vía ordinaría y otra extraordinaria, esta última mediante la cual el Consejo General podrá resolver sobre la solicitud respectiva sin agotar los plazos y etapas previstas para el procedimiento ordinario.

En el caso concreto, se considera que se actualiza el supuesto para no agotar los plazos y las etapas previstas en el procedimiento ordinario para el ejercicio de la facultad de atracción previsto en el artículo 64 del Reglamento, pues los citados Procesos Electorales Locales 2018-2019 han iniciado, por lo cual es necesario que éste órgano refuerce y difunda la normativa establecida en la CPEUM, Leyes Generales, Locales y criterios del TEPJF, mediante criterios que sirvan a todas las autoridades administrativas electorales del país generar certeza y seguridad jurídica a las autoridades y servidores públicos respecto a la observancia de las siguientes normas:

ENTIDAD DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTÍCULO 449 DE LA LEGIPE
Aguascalientes CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 248.- Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la CPEUM así como en el artículo 89 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:
I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley;

II. El superior jerárquico a que se refiere la fracción anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso, y
III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, se procederá en los términos que señala la Constitución relativo a la responsabilidad de los servidores públicos y responsabilidad patrimonial del Estado.
Las faltas cometidas por las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público a lo establecido por las fracciones II, III, IV, V y V del párrafo primero de este artículo, se sancionarán con multa de mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las sanciones que procedan de conformidad con otras leyes.
Baja California LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
Instituto;
II.La difusión, por cualquier medio distinto a la de radio y televisión, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral local inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal que incidan en el Proceso Electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
IV.Durante los Procesos Electorales Locales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social distinto a la de radio y televisión, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Durango LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO

Artículo 365.- 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; organismos autónomos, y cualquier otro ente público:

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto; II. La difusión, por cualquier medio distinto a la radio y televisión, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; III. El incumplimiento a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución;

IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Puebla CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Artículo 392 Bis.- Son infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, al presente Código:
I.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por el Instituto;
II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
Quintana Roo LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA
ROO

Artículo 16. … El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Artículo 400. Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente Ley:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
Instituto Estatal;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. Que presente o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o inutilice alguno;

Tamaulipas LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Artículo 304.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los poderes locales o federales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público del Estado:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
IETAM;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento de lo establecido en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución Federal;
IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, en el ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Agotar el trámite y sustanciación de la solicitud conforme al procedimiento ordinario previsto en los artículos 62 y 63 del Reglamento, requeriría de por lo menos 21 días, lo cual llevaría a este Consejo tomar una determinación en una fecha posterior al inicio de las campañas electorales locales, las cuales se encuentran próximas a desarrollarse en las siguientes fechas: Aguascalientes 15 y 30 de abril , Baja California 31 de marzo para la campaña a la gubernatura y 15 de abril para la campaña a diputaciones y ayuntamientos ; en Durango a partir del 10 de abril para las campañas de ayuntamientos; en Quintana Roo a partir del 15 de abril para el periodo de campaña a diputaciones locales; en Tamaulipas el 15 de abril para el periodo de campaña a diputaciones locales y finalmente para la elección local extraordinaria de Puebla, el periodo de campaña inicia 31 de marzo del presente año.

Así, se justifica no agotar plazos ni etapas pues el objetivo de tramitar la solicitud en la vía extraordinaria es que los destinatarios conozcan con anticipación su ámbito de aplicación, garantizando con ello el principio de certeza pues sólo de esta forma se garantiza su observancia dentro del Proceso Electoral respectivo.

En ese sentido, es procedente revisar en la vía extraordinaria de atracción la decisión correspondiente a fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2018-2019, pues se trata de un asunto que amerita ser resuelto por el Consejo General del INE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el 60, párrafo 2, del Reglamento, toda vez que el tema puede afectar o alterar el desarrollo de los Procesos Electorales Locales.

Más aún cuando, el universo de legislaciones estatales que tendrán elecciones durante el presente año contemplan prohibiciones iguales y semejantes a las mandatadas en el artículo 449, párrafo 1, de la LGIPE.

b. Justificación de los requisitos de la solicitud de atracción

El escrito de solicitud cumple con los requisitos de forma, procedencia, así como los presupuestos procesales previstos en los artículos 121, párrafo 4, en relación con el 124, párrafo 2, de la LGIPE; el 40, párrafo 2, y 60 del Reglamento, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, la y los Consejeros Electorales, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Benito Nacif Hernández integrantes del Consejo General, conforme con lo que establecen los artículos 124, párrafo 1, de la LGIPE, en relación con el diverso 60 del Reglamento, y en ella piden que se ejerza la facultad de atracción a efecto de emitir reglas y criterios de interpretación para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales ordinarios y extraordinarios a celebrarse en 2019.

Por otra parte se cumple con los requisitos cualitativos, ya que, en el caso, la trascendencia e importancia que motiva el ejercicio de la facultad de atracción se justifica a partir de las siguientes premisas.

Se encuentran próximas a concretarse, cinco elecciones ordinarias en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. En cada una de las legislaciones se establece una regulación semejante de las conductas de autoridades y servidores públicos que pueden constituir infracciones en materia electoral por la realización de actos que contravengan el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda electoral.

La definición preliminar sobre la licitud o ilicitud de esas conductas corresponde decidirla a las autoridades administrativas electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

A fin de garantizar el principio de legalidad en el actuar de las autoridades electorales que conforman el Sistema Nacional Electoral, a partir de las disposiciones establecidas en la CPEUM, las Constituciones locales, la LGIPE, las leyes locales señaladas, y acorde con los criterios emitidos por el TEPJF, se estima pertinente precisar criterios en el ámbito estrictamente administrativo y sin establecer ninguna norma general adicional, lo cual se estima en forma alguna implica reglamentar en materia de propaganda gubernamental, uso de recursos públicos e informe de labores, facultad reservada al órgano legislativo .

La importancia de dichos criterios estriba en la necesidad de dar certeza y claridad al actuar de las autoridades electorales, tomando como base los criterios y pronunciamientos que el INE ha emitido en procesos electorales pasados sobre normas reglamentarias para la difusión de propaganda gubernamental, la imparcialidad en el uso de recursos públicos y programas sociales, así como aquellos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido, lo que en adelante se abundará.

IV. Mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado.

Con el objeto de prevenir la coacción o presión en el electorado, se instruye reforzar la difusión de los siguientes enunciados a los Partidos Políticos Nacionales y Locales, a los respectivos Organismos Públicos Locales y a los Consejos Locales y Distritales del Instituto en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las citadas entidades federativas, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, orientados a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto.

Por ello, se seguirá el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG04/2017 como precedente conforme a lo cual mandató lo siguiente:

1. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
2. Las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue o coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto.
3. Está prohibido difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la Jornada Electoral o respecto de sus resultados.
4. El voto es secreto. Al votar, las personas marcamos la opción que queremos sin que nadie nos pueda ver, pues lo hacemos dentro del cancel, después, doblamos la boleta marcada y la depositamos directamente en la urna.
5. Nadie puede emitir su voto con una credencial para votar que no sea la suya, que esté vencida, ni con fotocopias de ella.
6. Sólo las personas con credencial para votar y aquéllas que muestren la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho a votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencia para votar, podrán votar el día de las elecciones.
7. Nadie puede saber por quién votamos sólo para tener una fotocopia de nuestra credencial para votar o por tener anotado en una lista el número o folio de ésta.
8. El voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie debe obligarnos o presionarnos para sufragar por quien no queremos.
9. Aceptar regalos no nos compromete a votar por alguna persona o partido que no queremos o a abstenernos de votar, ya que el voto es secreto. Las despensas, dinero, recompensas, materiales de construcción o cualquier otra cosa que nos ofrezcan durante campañas, periodo de reflexión y el día de la Jornada Electoral, incluso la simple promesa de su entrega, a cambio de nuestro voto, no nos obliga a votar por un partido político, coalición o candidatura determinada.
10. La entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.
11. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los impuestos de todas y todos.
12. El estar inscritos en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación u otro, nos da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votamos.
13. Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.
14. Nadie debe amenazar nuestro empleo para que no votemos o lo hagamos a favor o en contra de un partido político, coalición o una candidatura en particular.
15. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar nuestro voto.
16. Los ministros de culto de Iglesias o Asociaciones Religiosas, tienen prohibido utilizar las reuniones o actos públicos religiosos, con fines proselitistas; inducir a la abstención del voto, a votar por un partido político, coalición o candidatura, o a no hacerlo por cualquiera de ellos.
17. Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social en el que estemos inscritos; amenaza nuestros empleos para que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un partido político, coalición o una candidatura en particular; o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.

Se considera trascendente establecerlos explícitamente, a fin de dotar de claridad y certeza a la población respecto de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, con el propósito de velar por la efectividad y autenticidad del sufragio.

Adicionalmente, en el artículo 280, numeral 1 y 2, así como 281 de Ley General establecen las obligaciones de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, particularmente del Presidente, respecto de la preservación del orden y la normalidad de la votación.

Dichas obligaciones son coincidentes con la legislación de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla como consta en el siguiente cuadro:

Entidad Legislación
Aguascalientes Artículo 204 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes
Baja California Artículo 216 de la Ley Electoral del Estado de Baja California
Durango Artículo 235, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.
Puebla Artículo 281 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla
Quintana Roo Artículo 326 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
Tamaulipas Artículo 265 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas

Asimismo, al aprobarse los Acuerdos INE/CG319/2015 y INE/CG94/2016, el Consejo General, partir de las atribuciones conferidas en la legislación y siguiendo lo establecido en los Manuales del Funcionario de Casilla, estableció diversas directrices a los funcionarios de mesa directiva de casilla respecto a la forma en que deben actuar para garantizar el orden y la normalidad de la votación, las cuales deben seguir rigiendo en las elecciones que se realizarán en el presente año.

V. Principio de imparcialidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM, los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, a fin de no influir en la competencia entre los partidos políticos y los candidatos.
Ahora bien, respecto a la participación de servidores públicos en actos proselitistas, la Sala Superior emitió las Jurisprudencias 14/2012 y 38/2013, cuyo rubros y textos:
“ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. En este contexto, la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal.

“SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS,
NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.-“ De la interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los Procesos Electorales.

De lo precisado por la Sala Superior, cuya aplicación es obligatoria para todas las autoridades por ser jurisprudencias, y de los alcances del artículo 134, párrafo séptimo, de la CPEUM, se puede concluir que a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda que rigen los procesos comiciales se estableció la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales.

También existe la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular.

Sobre el particular, la Sala Superior ha considerado que la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de recursos del Estado. Lo que, por otro lado, implica que los servidores públicos tienen la prohibición de acudir a actos proselitista durante sus jornadas laborales.

En efecto, en la tesis L/2015, la Sala Superior determinó lo siguiente:

ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES.- De conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad, encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que quiere decir que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político. En este sentido, cuando se encuentren jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por haber laborado durante seis días, conforme con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, en relación con el principio de imparcialidad de los recursos públicos, es de resaltar que el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala que será responsabilidad de los sujetos a dicha ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ella, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Mientras, que el artículo 8, fracción III, de la invocada ley, indica que todo servidor público tiene la obligación de utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.

Ahora bien, para generar certeza respecto del alcance del término de servidores públicos, la Sala Superior ha determinado en diversas resoluciones que los sujetos regulados para la observancia del principio de imparcialidad dentro de la contienda electoral son los integrantes de:

1. Los legisladores federales y estatales (SUP-RAP-75/2009 y 82/2009, 145/2009 y SUP-RAP-159/2009);
2. Los grupos parlamentarios y legisladores del Congreso de la Unión (SUPRAP-75/2009, SUP-RAP-145/2009, SUP-RAP-159/2009);
3. El Presidente de la República SUP-RAP-119/2010, 123/2010 y 125/2010, acumulados);
4. Los órganos autónomos. Por ejemplo: el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional Electoral y sus equivalentes, si los hubiera, en los Estados;
5. Las dependencias y entidades de la administración pública. Entendiéndose por éstas, a las secretarías, institutos, oficinas y demás organizaciones de la administración pública federal estatal o municipal; y
6. Cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, entendiendo por “ente”, cualquier organización o entidad estatal, por ejemplo una empresa de participación estatal mayoritaria (SUP-RAP-147/2008, SUP-RAP-173/2008, SUP-RAP-197/2008, SUP-RAP-213/2008, SUP-RAP-8/2009, SUP-RAP15/2009 y acumulado, SUP-RAP-21/2009, SUP-RAP-22/2009 y SUP-RAP23/2009 y acumulado, SUP-RAP-34/2009).

Los criterios que se emiten tendrán como base lo establecido en los Acuerdo INE/CG66/2015, mismos que fueron confirmados por el TEPJF en la resolución SUP-JDC-903/2015 y acumulados.

VI. Propaganda Gubernamental

A partir de la Reforma Electoral de 2007 se implementa un nuevo modelo de comunicación política que modifica las condiciones para la competencia electoral y redefine las competencias del otrora Instituto Federal Electoral ahora INE, como autoridad única para administrar los tiempos en radio y televisión, con la obligación de vigilar y garantizar el cumplimiento de la Ley.

La implementación de un nuevo modelo de comunicación política tuvo como finalidad impedir que actores ajenos al Proceso Electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación, esto es, se elevó a rango constitucional la prohibición para que los partidos políticos, precandidatos y candidatos, así como cualquier otra persona física o moral, por sí mismos o a través de terceros, contraten o adquieran tiempos en radio y televisión con el fin de influir en las preferencias electorales.

Las nuevas reglas prohibieron la transmisión en los medios de comunicación social de la propaganda gubernamental federal, estatal y local, así como de cualquier otro ente público, durante las campañas electorales de todos los niveles y hasta que concluya la Jornada Electoral respectiva. Así lo establecen los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C de la CPEUM, 209, numeral 1 de la LGIPE; y 7, numeral 8 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público, salvo la relativa a campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Asimismo, para hacer frente a los problemas relacionados con el uso de los recursos públicos y propaganda en las campañas, mediante la reforma de 2007 se adicionó el artículo 134 constitucional. En los párrafos 7º y 8º se establece lo siguiente:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Lo anterior, además quedó establecido en el artículo 21, de la LGCS, al señalar que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación; en el caso de los Procesos Electorales Locales, deberá suspenderse la difusión de Campañas de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación exclusivamente en la Entidad Federativa de que se trate.

Se exceptúan de lo anterior: I. Las campañas de información de las autoridades electorales; II. Las relativas a servicios educativos y de salud; III. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales.

Ahora bien, sobre el alcance a lo establecido en dichos párrafos constitucionales, la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-140/2009 estableció lo siguiente:
“De lo estatuido en los párrafos transcritos se advierte la previsión constitucional de la obligación de los servidores públicos de aplicar, en todo tiempo, con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad, para no afectar el principio de equidad en la competencia entre partidos políticos.
Asimismo, se establece un mandamiento y una prohibición respecto de la propaganda (bajo cualquier modalidad de comunicación social) que difundan las entidades públicas, lo primero al señalar que dicha propaganda debe tener carácter institucional y sólo fines informativos, educativos o de orientación social; en tanto que la restricción se expresa al indicar que en ningún caso dicha propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada del servidor público.
Con la adición al artículo constitucional en comento, el legislador constituyente estableció, entre otras cuestiones, como norma de rango constitucional la imparcialidad respecto de la aplicación de los recursos públicos que están bajo la responsabilidad de los servidores públicos, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Con esta reforma se buscó que los servidores públicos se abstengan de utilizar la propaganda institucional como un medio para promocionar la persona e imagen de cualquier servidor público y para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral.
Con motivo de la adición de los referidos párrafos, en esta disposición constitucional se incorporan en la tutela dos bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales, o en general, en la competencia entre los partidos políticos.
Acorde con estas bases, puede entenderse que lo establecido en el artículo 134 de la Constitución es, por un lado, el mandato de aplicar los recursos públicos con imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otro, realizar propaganda estrictamente institucional, al fijar la restricción general para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, así como para cualquier ente de los tres órdenes de gobierno y para los servidores públicos, de realizar propaganda oficial personalizada”.

Sobre los elementos para identificar los actos que impliquen promoción personalizada, es importante atender al criterio contenido en la jurisprudencia
12/2015 del TEPJF, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, cuya aplicación es obligatoria para esta autoridad, particularmente en cuanto a que si la promoción se verifica dentro del Proceso Electoral se genera la presunción de que tiene como propósito incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas.
La referida restricción constitucional también tiene alcance en las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, previstas en el títulos quinto y tercero de las leyes General y Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente.

Esto es, los sujetos obligados, autoridades y partidos políticos, están constreñidos a publicar en sus portales de internet determinada información; sin embargo, ello debe hacerse con pleno respeto al principio de equidad en la contienda y a las limitantes que establecen los artículos 41 y 134 constitucionales, de manera tal que esa información debe revestir un carácter meramente informativo, de comunicación con los ciudadanos o de rendición de cuentas, así como de difusión de información vinculada con el ejercicio de sus atribuciones, y siempre que sea proporcional y razonable para cumplir con tal finalidad.

Por lo anterior, no es conforme a derecho suspender el funcionamiento o dar de baja las páginas de internet de instituciones de gobierno, ya que dicha conducta afecta el derecho a la información de la ciudadanía, mismo que no puede ser restringido de manera arbitraria bajo el argumento de que con ello se da cumplimiento al principio de imparcialidad.

Asimismo, tratándose de propaganda gubernamental, la Sala Superior cuenta con jurisprudencias (10/2009 y 18/2011) donde se ha interpretado el alcance de dichas disposiciones constitucionales. Los rubros y texto de éstas es el siguiente:

GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁN SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.- De la interpretación de los artículos 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, Base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los numerales 2, párrafo 2, 237, párrafo 4, y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que las prohibiciones que rigen la propaganda institucional o gubernamental aplican igualmente para los legisladores del Congreso de la Unión como grupos parlamentarios. Lo anterior porque tales restricciones, en cuanto a los sujetos a los que están dirigidas, comprenden a los poderes federales y estatales, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Federal, así como cualquier otro ente público, quedando incluidos en el primero de los supuestos los legisladores, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios, pues si bien no constituyen por sí mismos el poder legislativo, sí forman parte de él y no se les puede desvincular de la Cámara de Diputados o de Senadores a la que pertenezcan, en relación con las cuales ejercen las funciones propias del Poder Legislativo que integran. Una interpretación contraria conllevaría la posibilidad de vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se tutelan en los preceptos constitucionales citados.

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en casos de emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.

De las interpretaciones que ha realizado la Sala Superior es posible desprender que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales busca evitar que ésta influya o pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político o candidato, en tanto el sistema democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a través de los tres niveles de gobierno y cualquier ente público observen una conducta imparcial en las elecciones.

En ese sentido, a partir de la aplicación directa del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución, es conforme a derecho establecer que será criterio de esta autoridad que en todo tiempo la propaganda gubernamental que se transmita a través de medios de comunicación social deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Así se motivó en la sentencia recaída al recurso de apelación identificada con el expediente SUP-RAP-54/2012 y acumulados.

Esto es, no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

Tampoco en la propaganda podrán difundirse logros de gobierno, obra pública, o en ésta se incluya información cuyo objetivo sea justificar o convencer a la población de la pertinencia y/o cualidades de una administración en particular.

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

Los anteriores criterios sobre el contenido de la propaganda gubernamental durante el desarrollo del Proceso Electoral, se encuentran recogidos en el acuerdo INE/CG/78/2016 y INE/CG65/2017. Debe señalarse que dichos acuerdos siguen rigiendo no fueron impugnados en su momento ante el TEPJF; de ahí que sigan siendo aplicables para el Instituto.

• Informe anual de labores o de gestión.

El artículo 242, numeral 5, de la LGIPE establece que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que en la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso, la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña federal.

Además, el artículo 14, de la LGCS establece que, el informe anual de labores o gestión de los Servidores Públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

Sobre la difusión de informe de labores, la Sala Superior al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2015, estableció lo siguiente:

En concepto de la Sala Superior, la difusión de los informes de servidores públicos con el propósito de propalar la rendición de informes a la sociedad, de conformidad con el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está acotada a lo siguiente:
1. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual implica, que refiera a las acciones y actividades concretas que el servidor público realizó en el ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden cuentas a la sociedad, de acuerdo con las atribuciones conferidas normativamente, a través de medios que deben ser ciertos, verificables y abiertos a la ciudadanía.
2. Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de concluido el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe de labores.
Sin que obste a tal fin, que las actividades desplegadas por los servidores públicos eventualmente se dividan en periodos, como tampoco, la circunstancia de que sean diversos los servidores públicos que integran un órgano colegiado, por lo que, en su caso, todos tendrán que informar de las actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga en nombre del órgano o grupo.
Esto, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula la forma y temporalidad en la rendición de informes, además de ser una ley marco es una ley especial, que tiende hacer efectiva la protección de las normas constitucionales de la materia.
3. El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa, por lo que de ningún modo, su rendición puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa.
4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en que irradia su función y actividades desplegadas con base en las atribuciones que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de manera que las acciones atinentes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del desempeño gubernamental del funcionario verdaderamente impacten en el ámbito territorial que abarca la difusión de la propaganda atinente a la rendición de cuentas.
5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la temporalidad y contenido previsto en la ley.
Al partirse de la premisa atinente a que la esencia del informe de gestión es un acto de comunicación con la ciudadanía, entonces los mensajes que se difundan deben tener el propósito de comunicar a la sociedad la auténtica, genuina y veraz actividad de la función pública de la que se rinde cuentas, esto es, las acciones, actividades realmente desplegadas en el propio año y con los datos o elementos vinculados al cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno, como consecuencia de las atribuciones conferidas en los ordenamientos aplicables.
Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en el pretexto para enaltecer la figura o imagen del servidor público, dado que lo relevante en el ámbito de este acto gubernamental es informar de aquellos aspectos y actividades que guarden vinculación directa e inmediata con la gestión pública del periodo correspondiente.
De modo, que en la propaganda en comento, la figura y la voz del funcionario público deben ocupar un plano secundario, de frente a la relevancia que corresponde a la información propia de la rendición de cuentas que debe comunicarse en forma genuina, auténtica y veraz a la sociedad.
En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar, se insiste, un recuento del ejercicio genuino, auténtico y veraz de las actividades que se comunicaron a la ciudadanía, esto es, constituirse en corolario del acto gubernamental informativo y no un foro renovado para efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas y actores políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos comiciales.
En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo puede rebasar el plazo legalmente previsto para ello por la norma, porque de lo contrario se incurriría en transgresión a la ley por parte del servidor público y de todo aquél que participe en su difusión extemporánea.
El contenido de la información que se rinde debe ser cuidadoso, por ser fundamental que se acote a los propios elementos relacionados con el informe de la gestión anual; por lo cual, no tiene cabida la alusión de actividades o prácticas ajenas a la materia informada y menos aún, la promoción personalizada.
En suma, la información debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público, esto es, una verdadera rendición de cuentas, porque aun cuando puedan incluirse datos sobre programas, planes y proyectos atinentes al quehacer del servidor público conforme a las atribuciones que tiene conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.
Bajo esa arista, la promoción del informe adquiere un contexto que parte del reconocimiento como acto de información de la gestión pública y rendición de cuentas para transmitir a la sociedad el balance y resultados de las actuaciones de los servidores públicos, sin que implique un espacio, se reitera, para la promoción de ideologías o convicciones ajenas a la labor pública anual por quien lo despliega.
Así, se colige que el ámbito temporal que rige la rendición de informes de los servidores públicos encuentra un mandato visiblemente definido en la ley.
6. Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es que de ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público; ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la Jornada Electoral, toda vez que se trata de una temporalidad en la cual es indispensable extender la máxima protección a efecto de blindar los procesos electorales, en la lógica de una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio para todas las fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda influencia.
Cabe resaltar que los elementos que deben satisfacer los informes de gestión de los servidores públicos, que se han reseñado en los párrafos precedentes, ya habían sido analizados y definidos por la Sala Superior desde el año dos mil nueve, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-75/2009, en el que se estableció, en esencia, que los informes en comento, no constituían propaganda política electoral prohibida, siempre y cuando cumplieran con lo siguiente:
1. SUJETOS. La contratación de los promocionales se debe hacer exclusivamente por conducto de los legisladores, su grupo parlamentario o la Cámara de Diputados.
2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe encaminar a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad legislativa del o los legisladores o el grupo parlamentario al que pertenecen.
3. TEMPORALIDAD. No se debe realizar dentro del periodo de precampaña o campaña electoral.
4. FINALIDAD. En ningún caso la difusión se realizará con contenido electoral.
Lo expuesto, pone de manifiesto que el criterio de los elementos ahora reseñados, desde entonces, se había delineado por este órgano jurisdiccional; de ahí que no se trate de una nueva o distinta interpretación.

Asimismo, a través de la tesis LVIII/2015 de rubro INFORMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO Y CON UNA INMEDIATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE COMUNICA, la Sala Superior estableció que tratándose de informes de gestión legislativa, al no existir una fecha expresa y determinada para su rendición, debe delimitarse su realización a una sola vez en el año calendario, después de concluido el segundo periodo de sesiones ordinarias y dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del año legislativo del que se informa. Lo anterior, para evitar su postergación de manera indefinida o permanente y dotar de seguridad jurídica a los actores jurídicos y a la ciudadanía respecto de esos actos.

A partir de los anteriores razonamientos jurisdiccionales, resulta importante establecer que tratándose los informes de labores que rindan los servidores públicos durante el desarrollo de los procesos electorales que se estén en desarrollo, esta autoridad asumirá como criterio orientador para determinar, en su caso, la infracción normativa prevista en el artículo 449, inciso d), de la LGIPE, las siguientes premisas:

1. En ningún caso podrán tener verificativo durante las campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la Jornada Electoral.
2. De ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público, ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
3. La información debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público , esto es, las actividades informadas deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.
4. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores.
5. Debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa.
6. Su rendición no puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa.
7. Cuando sean diversos los servidores públicos que integran un órgano colegiado, todos tendrán que informar de las actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga en nombre del órgano o grupo, y
8. La imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a quien lo rinde, deben ocupar un plano secundario, sin que sirva la difusión del informe como un foro renovado para efectuar propaganda personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las fuerzas y actores políticos.

VII. Programas Sociales o de cualquier otro mecanismo que implique la entrega de bienes y/o servicios a la población.

La Constitución establece en su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por su parte, el artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la CPEUM, así como el diverso 209 de la LGIPE, establecen que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Estableciendo al respecto, como excepciones únicas, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Además, en el artículo 11, de la LGCS se establece que, la Comunicación Social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, para ello, deberán considerarse las características de cada medio de comunicación; asimismo en los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social; y que en ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda o comunicación social.

Bajo esa premisa y, tomando en consideración que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 1, fracción I que los programas sociales tienen como objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, esta autoridad considera que para efectos de la tutela del principio de imparcialidad en el ámbito electoral, se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales con estricto apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de que los mismos no serán utilizados con fines electorales, toda vez que la naturaleza de la constitución y operación de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los derechos sociales.

Lo anterior, considerando que para efectos del ámbito federal, en términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social y, tratándose de las entidades en las que se celebran procesos electorales ordinarios 2018-2019 y extraordinarios en el Estado de Puebla, éstos se rigen conforme lo siguiente:

Entidad Ordenamiento Reglas específicas
Federal Ley General de Desarrollo Social Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo.

Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
[…]
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: […]

Aguascalientes Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Aguascalientes Artículo 11.- El Gobierno del Estado y los Municipios, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y Grupos Sociales en Situación de Vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

Artículo 37.- En el Presupuesto Anual de Egresos, se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos a él.

Artículo 38.- Dentro del Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios, se establecerán:
I. Detalladamente las partidas presupuéstales específicas para los programas de desarrollo social del Estado;
II. El nombre específico de cada uno de los programas a que se destinarán; y
III. Los Lineamientos y requisitos para acceder a los programas sociales.

Artículo 40.- Anualmente, dentro de los primeros quince días del mes de enero, se deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado o en la Gaceta Oficial, según corresponda, las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos del Estado y los Municipios, así como la metodología, normatividad y calendarización.
Baja California Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Baja California Artículo 27.- La planeación es el proceso por el cual se fijarán los objetivos, instrumentos, estrategias, metas, indicadores, evaluaciones y controles mediante las cuales se llevará el adecuado funcionamiento de la Política Estatal de Desarrollo Social. La planeación de desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Estatal de Desarrollo Social y el Plan Estatal de Desarrollo.

Artículo 64.- El Congreso del Estado de conformidad con sus atribuciones, procurará que se destinen los recursos suficientes para financiar los Programas de Desarrollo Social Estatales.

Artículo 91.- El Ejecutivo del Estado, al tener aprobado su presupuesto de egresos, deberá publicar en el Periódico Oficial y en el portal de internet de la Secretaría, las reglas de operación de los programas de desarrollo social estatales, así como, la distribución que se haga de los recursos federales para el desarrollo social, ello una vez que el gobierno federal haga la publicación correspondiente en los términos de la Ley General, en un plazo máximo de 30 días.
Durango Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Durango Artículo 18.- El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos difundirán en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, los programas operativos anuales en materia de desarrollo social y la normatividad respectiva en un plazo no mayor al último día de febrero de cada año o dentro de los 30 días siguientes a su generación.
Puebla Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla Artículo 16.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos de los Municipios, elaborarán y harán del conocimiento público cada año sus Programas de Desarrollo Social y las Reglas de Operación de los mismos, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de noventa días, a partir de la aprobación de sus respectivos presupuestos de egresos anuales.

Artículo 19.- La publicidad y la información relativa a los programas estatales de Desarrollo Social, deberán identificarse con el Escudo del Estado de Puebla e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Quintana Roo Ley para el Desarrollo
Social del Estado de Quintana Roo Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el Estado de Quintana Roo y tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los habitantes de la Entidad, mediante una política integral de desarrollo social orientada a:

VIII. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los programas y aplicación de los recursos para el desarrollo social a través de mecanismos de supervisión, verificación, control y acceso a la información pública.

Artículo 43.- El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la aprobación de su Presupuesto de

Egresos, difundirán en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, los programas operativos anuales en materia de desarrollo social y la normatividad respectiva.

Artículo 44.- El titular del Poder Ejecutivo publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en un plazo no mayor a 60 días de la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos del Estado la distribución de los recursos federales y estatales que corresponden al Estado y al Municipio para la ejecución de los programas de desarrollo social.

Artículo 45.- Además de las obligaciones que señala el artículo anterior, el Gobierno del Estado y los Municipios implementarán campañas de difusión masivas para que toda la población se entere del contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de desarrollo social que se apliquen en la Entidad. Dicha información deberá ser dada a conocer a través de los medios digitales que brinda la red informática.

Artículo 46.- La publicidad e información relativa a los programas de desarrollo social estatales o municipales deberán identificarse con el escudo estatal o toponímico municipal en los términos que señala la Ley en la materia y tendrá la siguiente leyenda: “Este programa utiliza recursos públicos y es ajeno a cualquier partido e interés político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado conforme a lo que dispone la Ley de la materia.

Artículo 47.- Cuando en una localidad exista población indígena, aunque sea ésta migrante, no originaria del Estado, las autoridades municipales podrán, si así lo consideran necesario, difundir en la lengua o dialecto que hable este grupo de la población, el contenido, las reglas de operación y los beneficios de los programas de desarrollo social que se estén implementando en el Municipio.

Artículo 48.- La Secretaría promoverá que se publiquen en sistema braile, los programas de desarrollo social en donde pueda ser beneficiada una persona con discapacidad visual; de igual forma, contará con personal capacitado para dar
asesoría sobre estos programas a las personas con discapacidad auditiva.
Tamaulipas Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Tamaulipas Artículo 13.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios harán del conocimiento público, cada año, sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

Artículo 61 septies.- Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Periódico Oficial del Estado y deberán ser entregados a la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Adicionalmente, la información relativa a desarrollo social es pública, de manera que el artículo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio.

En consecuencia, no sólo la publicidad de las reglas de operación, sino también de la información relativa a todo recurso público que se ejerza para la ejecución de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para ese fin, actualmente está sujeta a las reglas de transparencia y rendición de cuentas. Lo cual, si se cumple constituiría un indicio de que los mismos no son sujetos de manipulación con fines electorales.

Aunado a lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 dispone los programas sociales que deberán sujetarse a reglas de operación conforme se desprende del mismo.

Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 7, establece como responsabilidad de los sujetos de dicha Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

En este sentido, el artículo 8, fracción II, establece que todo servidor público deberá conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

Las obligaciones legales que se indican también se encuentran previstas a nivel local en las siguientes disposiciones legales:

N° Entidad Ordenamiento

2 Aguascalientes Artículo 70 fracción II y XXVIII de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes.
3 Baja California Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
4 Durango Artículos 8 fracción I, II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Durango.
5 Puebla Artículos 9 fracción I y IV, y 50 fracción III Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Puebla.
6 Quintana Roo Artículos 6, fracciones II y VI; y 49 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo; artículo
7 Tamaulipas Artículo 7° fracción I, IV y VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
Artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

Entre los recursos que los servidores públicos tienen bajo su encargo y, en consecuencia, deben aplicarse con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, se encuentran los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas sociales previstos para garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional de Desarrollo Social.

Es importante señalar que durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo lo dispuesto en contrario en otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.

En esa tesitura, la Sala Superior ha reconocido que no existe alguna previsión normativa de suspender durante las campañas la entrega de programas sociales o de cualquier otro mecanismo que persiga ese fin, sin embargo, también ha determinado como criterio orientador que los bienes o servicios derivados de éstos no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral.

Es importante destacar la tesis LXXXVIII/2016 de la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente:

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.
Finalmente, es importante señalar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el artículo 209, párrafo 5 la prohibición de entregar cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.

Asimismo, se establece que dichas conductas serán sancionadas y se considerará como indicio de presión para el elector para obtener su voto.

En atención a lo anterior, esta autoridad considera que aquellos programas sociales o cualquier otro mecanismo que implique la ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos que no se haga con estricto apego a la legislación aplicable dentro de un Proceso Electoral, podrá constituir un indicio de que los mismos serán utilizados con fines electorales y, en consecuencia constituir la actualización de la infracción en materia electoral prevista en el artículo 449, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE.

Cabe precisar que, este Consejo General ha venido emitiendo una serie de acuerdos en los procesos electorales bajo esta misma línea interpretativa, como se puede consultar en los acuerdos: INE/CG67/2015, INE/CG94/2016, INE/CG04/2017, y INE/CG108/2017.

VIII. Consideraciones finales.
La CPEUM establece a través de su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores públicos de la Federación, los Estados, los municipios, así como de la Ciudad de México y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Asimismo, el artículo 449, incisos c), d), y e), establece que serán infracciones por parte de autoridades y servidores públicos la realización de los siguientes actos:

• El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

• Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, y

• La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

De esta forma, resulta evidente que el sistema político-electoral vigente prevé la prohibición absoluta de utilizar los recursos públicos en beneficio de un partido político o en detrimento de algún contendiente electoral. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular relevancia en el marco de los procesos electorales, dado que su violación puede causar una afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el principio de equidad que debe regir la competencia electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto libre, intrínsecamente relacionados.

Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la CPEUM, en el sentido de que la justicia y las resoluciones que se emitan deben ser prontas y expeditas, para la materia electoral no puede ser ajeno este derecho Constitucional, ya que la prontitud, coadyuva a la certeza, siendo éste uno de los principios rectores de la función estatal electoral, por lo que las resoluciones que emita el INE deben tener la celeridad necesaria que abone a la legalidad y la certeza.

En razón de lo anterior, el Secretario Ejecutivo del INE, en uso de sus facultades tomará las medidas pertinentes con la finalidad de que los diversos Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y los Procedimientos Sancionadores, que se instruyan por las Unidades correspondientes del Instituto, se tramiten y substancien con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que, en su oportunidad, se resuelva lo conducente y en su caso, se impongan las sanciones correspondientes.

Ello, porque el Instituto es responsable de vigilar no sólo el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, sino también de velar porque los principios que rigen su función guíen todas las actividades del Instituto.

Asimismo, debe garantizar los principios y valores constitucionales en materia electoral, como son los derechos fundamentales a votar y ser votado; el de acceso de los ciudadanos, en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país; el de elecciones libres, auténticas y periódicas; de sufragio universal, libre, secreto y directo.

Se debe tener en cuenta que la vigente Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece hipótesis normativas que pudieran coincidir con los supuestos que se plantean en el presente instrumento.

Con base en todo lo antes motivado y fundado resulta necesario fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales de 2018-2019, así como para generar certeza y seguridad jurídica respecto de qué forma se actualizan las infracciones administrativas establecidas en el artículo 449, incisos c), d) y e) de la LGIPE.

Máxime que la competencia de este Instituto, para emitir criterios respecto del principio de imparcialidad, así como de la propaganda gubernamental y de los programas sociales, ha sido reconocida por la Sala Superior en las tesis mencionadas en el presente Acuerdo y en entre las siguientes ejecutorias: SUPRAP-14/2009, SUP-RAP-147/2011, SUP-JDC-903/2015 Y ACUMULADO, SUPRAP-57/2010, SUP-RAP-123/2011 y SUP-RAP-54/2012.

Debe destacarse que dicha disposición normativa es similar en todas las legislaciones donde se celebrarán elecciones el presente año. De ahí que se encuentre plenamente justificada la trascendencia del asunto (certeza y seguridad jurídica) como elemento necesario para ejercer la facultad de atracción, en términos de lo establecido por los 41, Base V, Apartado C, segundo párrafo inciso c) de la CPEUM, así como del 60 y 64 del Reglamento.

En virtud de lo señalado, el Consejo General ha determinado emitir la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Primero. Se ejerce la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Dichos criterios también serán aplicables para los procesos locales extraordinarios de Puebla.

Segundo. Se aprueban los siguientes mecanismos para contribuir a evitar los actos a que se ha hecho referencia en el considerando III del presente Acuerdo, durante el desarrollo de los actuales procesos electorales ordinarios en Aguascalientes, Durango, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, así como extraordinario en Puebla.

Mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado.

Con el objeto de prevenir la coacción y presión en el electorado, se ordena reforzar la difusión de los siguientes enunciados, orientados a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto:

1. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
2. Las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue o coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto.
3. Está prohibido difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la Jornada Electoral o respecto de sus resultados.
4. El voto es secreto. Al votar, las personas marcamos la opción que queremos sin que nadie nos pueda ver, pues lo hacemos dentro del cancel, después, doblamos la boleta marcada y la depositamos directamente en la urna.
5. Nadie puede emitir su voto con una credencial para votar que no sea la suya, que esté vencida, ni con fotocopias de ella.
6. Sólo las personas con credencial para votar vigente y aquéllas que muestren la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho a votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencia para votar, podrán votar el día de las elecciones.
7. Nadie puede saber por quién votamos sólo por tener una fotocopia de nuestra credencial para votar o por tener anotado en una lista el número o folio de ésta.
8. El voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie debe obligarnos o presionarnos para sufragar por quien no queremos.
9. Aceptar regalos no nos compromete a votar por alguna persona o partido que no queremos o a abstenernos de votar, ya que el voto es secreto. Las despensas, dinero, recompensas, materiales de construcción o cualquier otra cosa que nos ofrezcan durante campañas, periodo de reflexión y el día de la Jornada Electoral, incluso la simple promesa de su entrega, a cambio de nuestro voto, no nos obliga a votar por un partido político, coalición o candidatura determinada.
10. La entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.
11. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los impuestos de todas y todos.
12. El estar inscritos en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación u otro, nos da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votamos.
13. Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.
14. Nadie debe amenazar nuestro empleo para que no votemos o lo hagamos a favor o en contra de un partido político, coalición o una candidatura en particular.
15. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar nuestro voto.
16. Los ministros de culto de Iglesias o Asociaciones Religiosas, tienen prohibido utilizar las reuniones o actos públicos religiosos, con fines proselitistas; inducir a la abstención del voto, a votar por un partido político, coalición o candidatura, o a no hacerlo por cualquiera de ellos.
17. Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social en el que estemos inscritos; amenaza nuestros empleos para que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un partido político, coalición o una candidatura en particular; o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.

Tercero. Los funcionarios de mesa directiva de casilla, el día de la Jornada Electoral, observarán lo siguiente de acuerdo con las atribuciones conferidas en la ley:

1. La o el Presidente de Mesa Directiva de Casilla realizará las acciones necesarias para garantizar el ejercicio libre y secreto de sufragio de las y los ciudadanos, en caso de presentarse una situación: que: a)provoque desorden en la casilla; b)pretenda atemorizar o usar la violencia contra las personas que se encuentran en la casilla; c) impida la libertad del voto; d) viole el secreto del voto; y e) porte o realice propaganda a favor o en contra de alguna candidatura, coalición o partido político.

2. En el caso de ciudadanas y ciudadanos que porten o realicen propaganda a favor o en contra de alguna candidatura, coalición o partido político, tanto en la fila para votar como en la casilla, se deberá proceder en los términos siguientes:

a) La o el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla invitará a la persona para que, de permitirlo las circunstancias, se desprenda o cubra la pieza de ropa o accesorio que contenga propaganda electoral, en tanto ejerce su derecho al sufragio, y

b) Si la persona se negare a aceptar cualquiera de las dos modalidades antes expresadas, se procederá a retirarlo de casilla.

3. De advertir la presencia de grupos o concentraciones de personas realizando reuniones o actos de proselitismo o portando propaganda a favor o en contra de alguna candidatura, coalición o partido político en su persona, vestimenta, o mediante elementos, accesorios o sus vehículos que contengan propaganda electoral, o que distribuyan artículos promocionales, reunidos con ánimo de permanencia, dentro del radio de cincuenta metros del lugar de ubicación de la casilla, de existir condiciones óptimas para resguardar su integridad física, el Presidente de la misma los exhortará a que de inmediato se retiren fuera de esa distancia, así como que cesen dicha conducta.

Lo mismo realizará en caso que tales grupos o concentraciones de personas vistan o porten en forma deliberada u organizada, alguna indumentaria, como camisetas, gorras, pulseras u otros distintivos, que se identifiquen con los colores que representan en todo o en parte alguno de los elementos de la propaganda electoral de los mismos partidos políticos, coaliciones o de alguna candidatura en particular. De no acceder dichas personas al pedimento del Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, o de no existir condiciones óptimas para resguardar su integridad física, éste podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para esos efectos, de conformidad a lo previsto en el artículo 85, párrafo 1, incisos a), d), e) y f), de la Ley General.

4. De presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, tales eventos deberán quedar asentados en la hoja de incidentes derivado del artículo 281, párrafo 2 de la Ley General.

Cuarto. La o el presidente de la mesa directiva de casilla, procurará inhibir cualquier ejercicio que intente o pretenda violar la secrecía del voto.

Quinto. Quienes estén acreditados para ejercer legalmente el derecho a la observación electoral coadyuvarán a la erradicación de la compra y coacción al voto, desempeñando principalmente, las siguientes acciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Ley durante el Proceso Electoral por parte de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como de os partidos políticos y candidatos.

2. Comunicar al Instituto sobre algún acto o conducta que pudiera constituir compra o coacción del voto, para que el mismo pueda ser denunciado a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales o a la autoridad competente.

Sexto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para que continúe implementando las medidas necesarias a fin de reforzar en este aspecto la capacitación electoral a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, así como respecto de quienes soliciten y obtengan su acreditación como observadores electorales.

Séptimo. Para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2018-2019, en relación con las conductas que implican una infracción administrativa en términos de los dispuesto en el artículo 449, incisos c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se fijan los siguientes criterios:

1) Principio de imparcialidad.

A. Se considera que atentan contra al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y, por tanto, que afectan la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, las conductas realizadas por cualquier servidor público, por sí o por interpósita persona, que se describen a continuación:

I. Condicionar a cualquier ciudadana o ciudadano de forma individual o colectiva la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares a:

a) La promesa o demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de alguna precandidatura, candidatura, partido o coalición; a la abstención de votar, o bien, a la no emisión del voto en cualquier etapa del Proceso Electoral para alguno de los mencionados;

b) La promesa, compromiso u obligación de asistir, promover, participar o dejar de hacerlo en algún evento o acto de carácter político o electoral;

c) Inducir a la ciudadanía a la abstención, realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, coalición, precandidatura o candidatura; o

d) No asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla.

II. Entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, programas públicos, dádivas o cualquier recompensa, a cambio de alguna de las conductas señaladas en la fracción anterior.

III. Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie; no otorgar, administrar o proveer de servicios o programas públicos; o no realizar obras públicas u otras similares, para el caso de que no se efectúe alguna de las conductas señaladas en la fracción I.

IV. Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, el otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas públicos, o la realización de obras públicas, u otras similares, a cambio de alguna de las conductas electorales señaladas en la fracción I anterior.

V. Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar, a cambio de alguna de las conductas electorales señaladas en la fracción I anterior.

VI. Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven, velada, implícita o explícitamente:

a) La promoción personalizada de funcionarios públicos;

b) La promoción del voto a favor o en contra de determinado partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato; o

c) La promoción de la abstención de votar.

VII. Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos, bienes o servicios que contengan elementos, como los descritos en la fracción anterior.

VIII. Obtener o solicitar declaración firmada del posible elector acerca de su intención de voto, mediante promesa de pago, dádiva u otra similar.

IX. Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición con motivo de su empleo, cargo o comisión para apoyar o perjudicar a determinado partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o promover la abstención de votar.

X. Ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención de votar.

XI. Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o a la abstención de votar.

XII. Emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del Estado en radio o televisión a que tenga derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet y redes sociales oficiales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.

XIII. Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades políticoelectorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines, salvo que se trate de ciudadanos que hayan sido designados como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla; así como ejercer presión o coaccionar a servidores públicos para que funjan como representantes de partidos ante las Mesas Directivas de Casilla o cualquier órgano electoral.

XIV. Cualquier otra conducta que vulnere la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos a través de la utilización de recursos públicos o privados.

XV. En las visitas de verificación que realice la Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos de precampaña y campaña, podrán requerir a los organizadores, le indiquen la presencia de servidores públicos y dará puntual cuenta de las características de su participación, y en su caso, de las expresiones verbales que viertan, particularmente, en el caso de eventos celebrados en días y horas hábiles; del mismo modo, el verificador autorizado por la Unidad, realizará preguntas aleatoriamente a los asistentes a fin de percatarse si se encuentran presentes servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, en cuyo caso, lo asentará en el acta, dando cuenta de las manifestaciones recabadas.

B. Además de los supuestos señalados en el resolutivo anterior, el Presidente de la República, así como quienes ostenten la Gubernatura, las Presidencias Municipales, Síndicos y Regidores, y los servidores públicos en general ya sean de la Federación o de las entidades en que se desarrollen los Proceso Electorales durante 2019, incurrirán en una violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, si realizan cualquiera de las siguientes conductas a partir de la aprobación de la presente Resolución hasta la conclusión de la Jornada Electoral correspondiente:

I Asistir en un día hábil, en términos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención del sufragio. Lo anterior, con independencia de que obtengan licencia, permiso o cualquier forma de autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les suspenda el pago de ese día; en tanto que los días inhábiles son solamente aquéllos establecidos por la normatividad respectiva.

Dicha determinación no será aplicable para aquellos servidores públicos que, en términos de la normatividad aplicable, soliciten licencia sin goce de sueldo para contender en un proceso de reelección.

II Usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de los militantes o electores y en general, que sea contraria a los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la contienda.

III Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales para promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, candidatura o a la abstención de votar.

C. Los informes de labores que rindan los servidores públicos deberán cumplir con los siguientes parámetros:
I. En ningún caso podrán tener verificativo durante las campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la Jornada Electoral.
II. De ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público, ni eludir
la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
III. La información debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público, esto es, las actividades informadas deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.
IV. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores.
V. Debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa.
VI. Su rendición no puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa.
VII. Cuando sean diversos los servidores públicos que integran un órgano colegiado, todos tendrán que informar de las actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga en nombre del órgano o grupo, y
VIII. La imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a quien lo rinde, deben ocupar un plano secundario, sin que sirva la difusión del informe como un foro renovado para efectuar propaganda personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las fuerzas y actores políticos.

2) Propaganda gubernamental.

A. En términos de lo dispuesto en el artículo 449, párrafo 1, incisos c) y d) de la LGIPE, la propaganda gubernamental difundida hasta la conclusión de la Jornada Electoral, deberá:

I. Tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica.
II. Abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. No podrá́ difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.
III. Limitarse a identificar el nombre de la institución, su escudo oficial como medio identificativo sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos de cualquier índole que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral o que estuvieran relacionadas con la gestión de algún gobierno o administración federal o local en particular.

B. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícita o explícitamente, la promoción de un gobierno o sus logros en el marco de la ejecución y/o entrega de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para tal fin, se considera contrario al principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

Para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía durante el desarrollo del Proceso Electoral, no es conforme a derecho suspender el funcionamiento o dar de baja las páginas de internet de instituciones de gobierno, simplemente no deberá vulnerar las normatividad ni los principios que rigen a los procesos electorales.

3) Programas sociales.

A. Para efectos de la materia electoral se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal fin, que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.

B. A partir del inicio de las campañas electorales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la elección extraordinaria de Puebla y hasta la conclusión de las jornadas electorales no podrán operarse programas federales y/o locales no contemplados ni crearse nuevos programas sociales.

En caso contrario, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales y, en consecuencia, pudiera constituir la actualización de alguna infracción constitucional y/o legal, salvo que los bienes y servicios que proporcionen a la población de los diferentes órdenes de Gobierno, sea con el objeto de atenuar o resolver los efectos causados por desastres naturales, estén relacionados con acciones en materia de protección civil, servicios educativos o de salud, en cuyos casos y en tal caso, no estarán sujetos a ninguna restricción respecto a su entrega y distribución.

D. Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecido en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido político, coalición o candidatura en el marco de los Procesos Electorales Locales a desarrollarse en 2019, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

E. Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo lo dispuesto en contrario en otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.

Sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.

Octavo. Se solicita la colaboración y apoyo de quienes fungen como titulares de los Poderes Ejecutivos federal y locales, así como a los legisladores y los demás servidores públicos de la federación y los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla respectivamente, a fin de que realicen las acciones necesarias para que la ejecución de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para tal fin, bajo su responsabilidad, se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales correspondientes para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura en particular.

Noveno. Las quejas y denuncias por violaciones al principio de imparcialidad con motivo de la aplicación, ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales, así como aquellas presentadas por violaciones al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que involucren la difusión en radio o televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, serán radicadas y sustanciadas como procedimientos sancionadores y resueltos por los órganos competentes, en términos de lo establecido en la normatividad aplicable y, en caso de que éstos pudieran constituir algún delito en materia electoral, se dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Décimo. En términos de lo dispuesto por la Ley General de Delitos Electorales, está prohibida en todo momento la compra y coacción del voto, por lo que el Instituto incluirá en su página de internet una liga la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fin de que la ciudadanía pueda denunciar la comisión de posibles delitos electorales.

Asimismo, los Organismos Públicos Locales Electorales en Aguascalientes, Durango, Baja California, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas, respectivamente, deberán incluir en su página de internet una liga a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como de las Fiscalías Electorales Locales, en su caso.

Décimo primero. En términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos periódicos oficiales. De acuerdo al artículo 70 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es deber de los sujetos obligados, entre ellos las entidades federales y locales, publicitar la información relativa a los programas sociales en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De igual forma, de acuerdo los artículos 17, 30, 69 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, los artículos 50, 91 y 92 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Baja California, el artículo 9 de la Ley de Planeación del
Estado de Durango, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, artículos 2 y 70 de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, artículos 31, 56, 67 y 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, los respectivos programas de desarrollo, así como las reglas de operación de los mismos, deberán ser publicados en los periódicos o gacetas oficiales.

Décimo segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas conducentes para la difusión del contenido de la presente Resolución a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, a los respectivos Organismos Públicos Locales y a los Consejos Locales y Distritales del Instituto, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las seis entidades federativas que tendrán Proceso Electoral local ordinarios y extraordinario en 2019, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para su más amplia difusión.

Décimo Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que realice las acciones necesarias para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se difunda el presente Acuerdo a través de los tiempos del Estado en radio y televisión correspondientes a este instituto.

Décimo Cuarto. Los Acuerdos aprobados, en su caso, por los Organismos Públicos Locales Electorales de las seis entidades federativas que tendrán Proceso Electoral en 2019, a través de los cuales se busca garantizar la correcta aplicación de las reglas relacionadas con los programas sociales federales, estatales o municipales, seguirán estando vigentes en tanto su contenido no entre en contradicción con los criterios establecidos en la presente Resolución.

Décimo Quinto. Lo no previsto por el presente Acuerdo, será resuelto por el Instituto mediante los Acuerdos correspondientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE.

Décimo Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que en uso de sus facultades, se tomen las medidas pertinentes con la finalidad de que los diversos Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y los Procedimientos Sancionadores que se instruyan por las Unidades del Instituto Nacional Electoral, se tramiten y substancien con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la autoridad competente resuelva y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes.

Décimo Séptimo. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para la difusión del contenido de la presente Resolución a los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, a través de los Vocales Ejecutivos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, así como la publicación en la página de internet y redes sociales del propio Instituto, y en cualquier otro medio de difusión que resulte pertinente.

Décimo Octavo. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Décimo Noveno. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet del Instituto.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 21 de marzo de 2019, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA LIC. EDMUNDO JACOBO VIANELLO MOLINA

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